Caso Innova
El caso Innova surgió de la denuncia de la CUP ante la Audiencia Nacional por la incompatibilidad de cargos de Josep Prat, que era al mismo tiempo presidente del Institut Català de la Salut, director general de Innova -grupo de empresas municipales de Reus que gestionaba el 80 % del presupuesto municipal- y presidente de una patronal hospitalaria privada.
El Caso Innova es un caso de presunta corrupción política surgido el 2012 y que tiene su «epicentro» en la capital del Baix Camp , Reus . Los dos principales responsables del caso Innova son Josep Prat Domènech y Carlos Mantiene, dos altos cargos de la salud pública catalana, imputados desde el 2012 . En 2012 se hizo público que el holding municipal Innova tenía una deuda de más de doscientos millones de euros y el Ayuntamiento de Reus una deuda consolidada de 369,4 millones, siendo éste una de las deudas municipales más altos de toda Cataluña .
La empresa Innova
Se creó Innova en el 2002 como empresa matriz que controlaría toda la red de empresas municipales. Innova es un gigante que ha gestionado gran parte de las actividades de la ciudad hasta el presente, desde centros sanitarios en urbanismo, pasando por guarderías, los servicios de agua, aparcamientos, mercados, transporte público y ferias, entre otros servicios.
Con la creación del conglomerado de empresas se conseguía apartarlas del control y de la contabilidad pública. A partir de la fundación de Innova, el Ayuntamiento se empezó a involucrarse en proyectos cada vez más ambiciosos ya asumir mayores riesgos; este fue el caso con Tecnoparc, donde sólo tenía una participación minoritaria; el de Shirota Functional Foods, empresa de investigación nutricional que haría quiebra; y el del macro centro comercial (el Corte Inglés de Reus, 41.700 metros cuadrados)
Las nuevas aventuras empresariales de Innova dejarían unas deudas acumuladas de 88 millones de euros, un 25% del total de la deuda de Reus, que asciende a 368 millones.
En el momento en que estalló el escándalo, la empresa gestionaba tres de cada cuatro euros gastados por el Ayuntamiento de Reus, que el 2011 tenía un presupuesto de 396 millones de euros. [6]
Una de las características de Innova era su opacidad. Así, a pesar de que era una empresa pública los salarios de sus directivos no fueron hechos públicos hasta que estalló el escándalo. Cuando el escándalo era público salió a la luz que el sueldo de su máximo responsable, Josep Prat, era de 260.000 euros, además de dietas y un Audi A6. En total, durante el mismo año, en Prado y cuatro altos cargos se repartieron 770.000 euros en retribuciones. Uno de los altos cargos y compañero de Prat desde los inicios, Lluís Nualart, tenía coche oficial y cobraba 226.000 euros anuales. En total, las empresas municipales tienen 2.003 empleados, la gran mayoría integrados en Sagessa: 1.613. Cada sociedad tenía un gerente, un secretario, un consejo de administración y un presidente. Para cada reunión de Sagessa cada representante recibía 1.000 euros brutos.
Blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional , organismo internacional formado en 1989 por el Grupo de los 7 países más industrializados, para aunar esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero, considera como blanqueo de capitales la conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su acción.
El lavado de dinero, en general, involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.
El blanqueo de dinero busca a través de una serie de transacciones hacer aparecer como fondos provenientes de actividades legales, aquellos que tuvieron su origen en actividades delictivas. Aunque el lavado de dinero es un proceso diverso y a veces complejo, básicamente involucra tres pasos independientes que pueden suceder simultáneamente:
- a) Ubicación: La primera y más vulnerable etapa del lavado de dinero es la ubicación. El objetivo es ingresar los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atención de las instituciones financieras. Las técnicas de ubicación incluyen los depósitos estructurados de fondos por sumas determinadas, con el fin de evadir las obligaciones de información o la mezcla de depósitos de fondos y empresas ilegales. Un ejemplo de ello puede incluir: dividir grandes sumas de efectivo en sumas más pequeñas menos visibles, las que son depositadas directamente en una cuenta bancaria, mediante el depósito de un cheque de reembolso de un paquete de vacaciones cancelado o de una póliza de seguros, o adquiriendo una serie de instrumentos monetarios (p.ej., cheques de caja) que son cobrados o depositados en otra ciudad o institución financiera.
- b) Ocultamiento: La segunda etapa del proceso de lavado de dinero es el ocultamiento, que implica la movilización de fondos en todo el sistema financiero, a menudo en una compleja serie de transacciones para crear confusión y complicar el rastreo documental. Ejemplos de ocultamiento incluyen el cambio de instrumentos monetarios por sumas más pequeñas, o la transferencia de fondos a través de varias cuentas en una o más instituciones financieras.
- c) Integración: El objetivo final del proceso de lavado de dinero es la integración. Una vez que los fondos están en el sistema financiero, y aislados a través de la etapa de ocultamiento, el paso de integración es utilizado para crear la apariencia de legalidad a través de más transacciones. Estas transacciones protegen aún más al delincuente de la conexión registrada hacia los fondos, brindando una explicación plausible acerca de la fuente del dinero. Como ejemplos de estos casos puede mencionarse la compra y venta de inmuebles, los títulos valores de inversión, fideicomisos extranjeros, u otros activos.
En España, es la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias el máximo responsable del desarrollo de la política preventiva y de lucha contra el blanqueo de capitales. Esta Comisión es un órgano colegiado del que forman parte representantes de diferentes departamentos ministeriales y Agencias, el Ministerio Fiscal, así como de las Comunidades Autónomas.
No obstante, cada vez más, la lucha contra el blanqueo de capitales ha cobrado una dimensión internacional y en este sentido hay que destacar la existencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI o “Financial Task Force on Money Laundering (FAFT)” es un organismo intergubernamental creado por el G-7 en la Cumbre de París de 1989, si bien la Comisión Europea y otros ocho Estados (entre ellos España) se sumaron a este Grupo desde su creación. Aunque su objetivo inicial fue prevenir el blanqueo de capitales a nivel transnacional, dada la enorme similitud existente con los mecanismos utilizados para prevenir la financiación del terrorismo, en 2001 se extendió su mandato también a esta materia.
