Costas procesales: ¿Qué son y cuánto cuestan?

Un aspecto determinante para los clientes a la hora de decidir si iniciar un procedimiento judicial o no, es el coste que este les va a suponer. No obstante, hay que tener en cuenta que mediante la condena en costas procesales, también llamadas costas judiciales, pueden liberarse de la totalidad o parte de los importes que requiere un procedimiento judicial. Nuestro despacho de abogados en Tarragona, le cuenta todo lo que necesita saber sobre esta condena.

¿Qué son las costas judiciales y qué gastos incluyen?

Una vez finalizado el proceso judicial, el juez puede condenar a una de las partes a cubrir determinados gastos del procedimiento a favor de la otra parte. Para que el juez se pronuncie sobre esta condena, es necesario solicitarlo a instancia de parte. De lo contrario, el juez no emitirá ninguna decisión al respecto y se deberá asumir la integridad de los gastos. 

Estos gastos incluyen principalmente los honorarios del abogado y del procurador, siempre y cuando estos últimos sean necesarios para el procedimiento. También se contemplan los costes de peritos u otros profesionales involucrados, las tasas judiciales, derechos arancelarios, así como otros gastos como fotocopias, obtención de documentos, notificaciones judiciales, burofaxes o costos de anuncios en edictos si han sido necesarios para el procedimiento.

Es importante señalar que la obligación de pagar costas judiciales no es ilimitada. Los límites se establecen en los artículos 243 (segundo y tercer apartado) y 394 (tercer apartado). En cuanto a los honorarios de los procuradores, al estar sujetos a arancel, no hay problema. Sin embargo, en el caso de los honorarios de los abogados, el importe en costas por este concepto no puede superar un tercio de la cuantía del procedimiento. En procedimientos de cuantía indeterminada, este límite se fija en 18.000 €, siendo el máximo de honorarios del abogado de 6.000 €.

Criterios para imponer la condena en costas procesales

En la actual ley de enjuiciamiento civil 1/2000 de 7 de enero se hace la siguiente distinción en cuanto a los criterios para imponer la condena:

Vencimiento total

Regulado en el artículo 394, apartado primero. En este supuesto, cuando el proceso sea declarativo las costas las asume la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, a no ser que el litigio presente serias dudas de hecho o de derecho. 

Vencimiento parcial

Se regula en el mismo artículo 394 en su apartado segundo. Como consecuencia de que no siempre las pretensiones se estiman y se desestiman totalmente como en el supuesto anterior, sino que hay casos en que se estima parcialmente. Como norma general para estos casos cada parte se hace cargo de sus gastos y los comunes se abonan por mitad. Sin embargo, reiterada jurisprudencia ha venido estableciendo que si el 80% de las pretensiones se estiman, aunque sea parcial, se considera estimación sustancial, por lo que sí que hay condena y se ha de abonar íntegramente por la otra parte. Esto se da excepcionalmente en los casos en que la diferencia entre lo solicitado y lo admitido es mínima. 

Allanamiento

El allanamiento se da cuando el demandado, al recibir la demanda, se conforma con esta y no se opone. Cuando sin contestar a la demanda este se allane, será exonerado de la condena en costas procesales. Como requisito para que sea aplicable no debe apreciarse mala fe del demandado, por lo que no debe constar requerimiento previo a la interposición de la demanda mediante el que ya fuese informado de las pretensiones en su contra ni haber contestado a la demanda. Dicha regulación se encuentra en el artículo 395 de la presente ley. 

Temeridad y mala fe

Se define la temeridad como: “Actitud propia del que, resistiéndose a aceptar una pretensión legítima, abusa de la jurisdicción, ya ejercitando acciones totalmente infundadas, ya obstaculizando el proceso en el que se promueve de contrario una acción fundada.”

En los casos en que se aprecie, independientemente al resultado de la sentencia, las asume la parte que se aprecie con dicha temeridad. En estos casos el límite del tercio de la cuantía del procedimiento no es de aplicación. Lo mismo ocurre en los supuestos de mala fe en que se actúa con conciencia y voluntad de realizar un acto ilícito. 

Los preceptos legales sobre temeridad se encuentran en el artículo 396, apartados dos y tres.

Desistimiento

El desistimiento se encuentra en el artículo 396 y se da cuando el actor decide no continuar con su pretensión. Ha interpuesto una demanda, pero ya no quiere continuar. Cuando esto se produce el demandado puede consentirlo o alegar que ahora es él quien tiene interés en que continúe el procedimiento. Si consiente el desistimiento no se condena a costas procesales.

En definitiva, las costas representan un aspecto clave al considerar tomar acciones legales, ya que su impacto económico puede ser determinante. Esta condena da la posibilidad de aliviar, total o parcialmente, la carga financiera asociada a un procedimiento judicial. Esperamos que con este artículo pueda tomar decisiones más informadas. No dude en contactarnos si desea solicitar información sobre nuestros servicios jurídicos.

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