Suspensión de desahucios en personas vulnerables

Suspensión de desahucios en personas vulnerables

El Consejo de Ministros ha decidido ampliar la suspensión de desahucios en personas vulnerables y los lanzamientos de vivienda habitual. A tal efecto, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía («Real Decreto-ley 8/2023»).

Detalles del Real Decreto-ley 8/2023

El Real Decreto-ley 8/2023 establece una nueva prórroga de la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para vivienda habitual en situación de vulnerabilidad, que ya se regulaba en el Real Decreto-ley 11/2020.

Se dispone de la siguiente forma:

Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 de la suspensión de los procedimientos de desahucio en personas vulnerables y de lanzamiento:

  • Por falta de pago de la renta para hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la LAU de 1994.
  • Para quienes habiten sin título una vivienda (incluso ocupas sin título) que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas.

La nueva fecha a la que podrán alargarse la ejecución del desahucio será hasta el 31 de diciembre de 2024, siempre y cuando se trate de situaciones ya previstas por la normativa actual, que se contemplaban en Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias para hacer frente al COVID-19, y siempre que no haya otra alternativa habitacional.

Procesos y resoluciones judiciales en casos de vulnerabilidad

Desde la entrada en vigor, en fecha 26 de mayo de 2023, de la Ley 12/2023, de 24 de Mayo (“Ley de Vivienda”), por medio de su Disposición Final Quinta, se modificaron determinadas Normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil referidas a los procedimientos verbales de desahucio y de ejecución de las resoluciones dimanantes de dichos procedimientos.

A tal efecto, el Artículo 549 de la LEC (Demanda ejecutiva. Contenido) dispone lo siguiente:

  1. En la sentencia condenatoria DE TODOS LOS TIPOS DE DESAHUCIO, o en los decretos que pongan fin al referido desahucio si no hubiera oposición al requerimiento, la solicitud de su ejecución en la demanda de desahucio será suficiente para la ejecución directa de dichas resoluciones, sin necesidad de ningún otro trámite para proceder al lanzamiento en el día y hora exacta señalados en la propia sentencia o en el día y hora exacta que se hubiera fijado al ordenar la realización del requerimiento al demandado, todo ello según el apartado 5 del artículo 440.
  2. El plazo de espera legal al que se refiere el artículo anterior no será de aplicación en la ejecución de resoluciones de condena de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, que se regirá por lo previsto en tales casos.

No obstante, cuando se trate de vivienda habitual, con carácter previo al lanzamiento deberá haberse procedido en los términos de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 441 de esta ley.

La redacción dada por la Ley 12/2023, de 24 de mayo (“Ley de Vivienda”) al art. 441, apartados 5,6 y 7 es como sigue:

  1. En los casos de los números 1.º, 2.º, 4.º y 7.º del apartado 1 del artículo 250, siempre que el inmueble objeto de la controversia constituya la vivienda habitual de la parte demandada, se informará a esta, en el decreto de admisión a trámite de la demanda, de la posibilidad de acudir a las Administraciones Públicas autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. La información deberá comprender los datos exactos de identificación de dichas Administraciones y el modo de tomar contacto con ellas, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad de la parte demandada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se comunicará inmediatamente y de oficio por el Juzgado la existencia del procedimiento a las Administraciones autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, a fin de que puedan verificar la situación de vulnerabilidad y, de existir esta, presentar al Juzgado propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social a proporcionar por la Administración competente para ello y propuesta de medidas de atención inmediata a adoptar igualmente por la Administración competente, así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada.

En caso de que estas Administraciones Públicas confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, social, se notificará al órgano judicial a la mayor brevedad y en todo caso en el plazo máximo de diez días.

En los casos previstos por los apartados 6 y 7 del artículo 439, cuando la parte actora sea una gran tenedora de vivienda y hubiera presentado junto con la demanda documento acreditativo de la vulnerabilidad de la parte demandada, en el oficio a las Administraciones públicas competentes se hará constar esta circunstancia a efectos de que efectúen directamente, en el mismo plazo, la propuesta de medidas de atención inmediata a adoptar, así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada y las causas, que, en su caso, han impedido su aplicación con anterioridad.

Recibida dicha comunicación o transcurrido el plazo, el letrado o letrada de la Administración de Justicia dará traslado a las partes para que en el plazo de cinco días puedan instar lo que a su derecho convenga, procediendo a suspender la fecha prevista para la celebración de la vista o para el lanzamiento, de ser necesaria tal suspensión por la inmediatez de las fechas.

  1. Presentados los escritos de las partes o transcurrido el plazo concedido para ello, el tribunal resolverá por auto, a la vista de la información recibida de las Administraciones Públicas competentes y de las alegaciones de las partes, sobre si suspende el proceso para que se adopten las medidas propuestas por las Administraciones públicas, durante un plazo máximo de suspensión de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro meses si se trata de una persona jurídica.

Una vez adoptadas las medidas por las Administraciones Públicas competentes o transcurrido el plazo máximo de suspensión previsto en el párrafo anterior, se alzará ésta automáticamente y continuará el procedimiento por todos sus trámites.

  1. El tribunal tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, apreciando las situaciones de vulnerabilidad que pudieran concurrir también en la parte actora y cualquier otra circunstancia acreditada en autos.

(…) In fine

A estos mismos efectos, el tribunal para apreciar la vulnerabilidad social podrá considerar el hecho de que, entre quienes ocupen la vivienda, se encuentren personas dependientes de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, víctimas de violencia sobre la mujer o personas menores de edad.

Compensaciones para arrendadores o propietarios

Correlativamente a la ampliación de las medidas de protección en materia de vulnerabilidad en la vivienda, el Decreto se contempla también la posibilidad hasta el 31 de enero de 2025 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario, también previsto en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de suspensión de desahucios en personas vulnerables social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

En resumen, las recientes actualizaciones legislativas reflejan un compromiso con la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Para una asesoría más detallada sobre estas normativas y otras cuestiones legales, no dude en contactar con nuestros abogados en Tarragona, especializados en derecho de familia y otros servicios jurídicos.



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