protección en violencia de género

Orden de protección en violencia de género

Desafortunadamente los casos de violencia de género están al orden del día, y es muy importante actuar correctamente y dar uso de los mecanismos de protección que nos ofrece la ley para proteger a la víctima y evitar que se ocasione más daño del ya sufrido. Uno de los mecanismos más importantes es la orden de protección en casos de violencia de género, que proporciona una seguridad para las víctimas.

Cuando se produce un episodio de maltrato, lo principal y necesario es interponer una denuncia ante la Policía, que puede activar el protocolo y proceder a la detención del presunto autor, para ponerlo a disposición judicial en un plazo de 72 horas.

Obtención y aplicación de la Orden de Protección

Una vez en el Juzgado, es importante acudir a lo previsto en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala el procedimiento para obtener una Orden de Protección frente al agresor.

Indagando en la aplicación del artículo 544 ter, esta norma protege especialmente a las víctimas de violencia doméstica de delitos tales como los que se cometen contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de los sujetos pasivos del artículo 173.2 del Código Penal, es decir: “quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familia.”

Por lo que el artículo 544 ter es un supuesto específico de protección en los casos de violencia de género o doméstica. Si nos encontramos con que el agresor y la víctima NO tienen esta relación deberemos acudir al artículo 544 bis. 

Solicitar medidas de protección: ¿quién y cómo?

Manteniéndonos en el artículo 544 ter se establece que se puede aplicar la medida de protección incluso de oficio, pero lo más habitual es que lo solicite la víctima o el Ministerio Fiscal. 

Cuando se solicita a instancia de la víctima se puede realizar ante la autoridad judicial, ante el Ministerio Fiscal, ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones públicas, que lo pondrán en conocimiento del juez.

Implementación y efectos de las medidas de protección

El órgano competente para resolver sobre si se concede o no la medida de protección es el Juez de Guardia y este realiza una audiencia urgente sobre la adopción de la medida, que se resolverá en 72 horas desde su solicitud mediante Auto. 

En la mencionada audiencia se toman precauciones para que no tengan que verse ni escucharse la víctima y el presunto agresor, por lo que la víctima no tiene que preocuparse en este sentido. 

Las medidas penales que se pueden adoptar son desde la prisión provisional, con o sin fianza, hasta la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima, y su configuración dependerá de las circunstancias especiales del caso, por ejemplo, el riesgo, la peligrosidad, el delito supuestamente cometido, la solidez de los indicios, etc. 

Pero estas medidas pueden ser también civiles, porque cabe recordar que en muchas ocasiones los menores se ven involucrados en estos escenarios. Las medidas civiles pueden ser sobre la forma de ejercer la patria potestad, el disfrute de la vivienda familiar, la guarda y custodia, etc. 

La diferencia radica en que las medidas de protección penales tienen una vigencia indefinida, hasta la resolución del conflicto o hasta que cesen las causas que motivaron su adopción, mientras que las medidas civiles tienen una vigencia de 30 días dentro de los que se habrá de presentar una demanda civil instando que se modifiquen o se tomen como definitivas. 

Una vez se celebra la audiencia sobre la adopción de las medidas y el juez decide sobre ellas, se notifica a ambas partes y se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas. De esta manera, la víctima quedará protegida y si el presunto agresor incumple con la medida de seguridad establecida, prevé la ley su posible ingreso en prisión. 

Si necesita asistencia para obtener una orden de protección en casos de violencia de género, póngase en contacto con abogados especialistas en derecho de familia.

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